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AÑO XXII, NÚMERO 1012

Tercera semana de junio de 2020

Doble varapalo judicial al gobierno del PSOE en Don Benito por Agrimusa

La Justicia declara nulo el despido por el gobierno del PSOE de la anterior gerente de Agrimusa (Agrícola Municipal S.A.), la empresa agrícola gestionada por el ayuntamiento, y ordena investigar el uso de fitosanitarios prohibidos en espacios públicos de la ciudad

Dos instancias judiciales se han pronunciado en los últimos días propinando al gobierno socialista de José Luis Quintana dos palos en forma de sentencias. Por un lado, el Juzgado de lo Social número 1 de Badajoz ha declarado la nulidad del despido de la anterior gerente de la Empresa Municipal Agrimusa de Don Benito, Rosa Menéndez, instando al ayuntamiento a su readmisión.

El fallo se produce tras la demanda ante dicho juzgado presentada por la afectada contra su despido aprobado en el consejo extraordinario de Agrimusa celebrado en agosto del pasado año con los votos favorables de PSOE y Ciudadanos y en contra del PP.

Precisamente, el propio PP salía a la palestra advirtiendo del considerable montante económico que va a suponer para todos los dombenitenses la decisión de los socialistas de despedir a Menéndez, a la que las arcas públicas deberán indemnizar por días transcurridos desde su despido y por daño moral.

 




Instalaciones de Agrimusa


Desde Agrimusa se ha dicho que readmitirá en sus funciones a la anterior gerente, Rosa Menéndez, atendiendo a la sentencia, a la vez que informa que “nunca existió acoso laboral por parte de la Presidencia del Consejo de Administración hacia la figura de la gerente”, como había denunciado la empleada y recoge el auto emitido por la Audiencia Provincial, Sección número 3, de Mérida.

Dicha Audiencia ha ordenado abrir una investigación para determinar si se han cometido presuntos delitos de prevaricación y contra la salud pública en la utilización de productos fitosanitarios en espacios públicos por parte de Agrimusa.

El auto judicial pide que se cite a declarar como investigados al concejal y presidente del consejo de administración de Agrimusa, Juan Antonio Merino, y al empresario y también miembro del consejo, Emilio Camacho. En el primer caso para esclarecer si, como denuncia Ecologistas en Acción de Extremadura, colectivo personado en esta causa, el edil habría ordenado “la compra y utilización de productos fitosanitarios prohibidos para zonas de uso público que pueden ocasionar en las personas intoxicaciones y otras enfermedades”.

 



El concejal Juan Antonio Merino, presidente del Consejo de Agrimusa



Sobre el empresario Camacho es para esclarecer si, como también denuncia Ecologistas en Acción la empresa suministradora de esos fitosanitarios (o, al menos, una de ellas) pertenece a uno de los miembros del Consejo de Administración de Agrimusa, Emilio Camacho Martín, “lo que sería contrario a la disposición adicional decimoquinta de la Ley de bases del régimen local”, por lo que pide la declaración como investigado de este segundo denunciado.

Sobre esto, la empresa Emilio Camacho CB ha dicho que nunca han comercializado productos fitosanitarios. “Nuestra empresa se dedica a la comercialización, producción y distribución de productos relacionados con el sector agrícola y ganadero, pero la venta de los productos fitosanitarios no forma parte de la actividad empresarial de esta sociedad”.

Sin prejuzgar su posible calificación definitiva y sin perjuicio de lo que en definitiva resulte, la Audiencia acuerda la continuación de las diligencias previas por sus trámites para el completo esclarecimiento de los hechos y ello porque de las alegaciones efectuadas, “aparecen indicios suficientes de haberse podido cometer la citada infracción penal y el archivo nos parece prematuro”.

 




El concejal Merino (izq) junto a Emilio Camacho


El auto de la Audiencia Provincial estima oportuno, en el actual estado de las diligencias, continuar el procedimiento por sus trámites y cuando menos se practique las diligencias instructoras consistentes en la declaración de los dos denunciados.

También estima oportuna la diligencia de prueba interesada por la acción popular, Ecologistas en Acción Extremadura, consistente en el requerimiento a la empresa pública municipal para que aporte copia autenticada de todas las facturas de compras efectuadas por Agrimusa de productos fitosanitarios de cualquier índole (insecticidas, plaguicidas, biocidas, acaricidas, fungicidas, etc.), así como las diligencias que la Juez de Instrucción considere oportunas para aclarar en qué medida los productos utilizados pueden afectar a la salud de las personas y cuantas diligencias de investigación considere oportunas para el esclarecimiento de los hechos.

En relación a un presunto delito relacionado con la compra y utilización de productos fitosanitarios, desde Agrimusa rechazan cualquier acusación de delito contra la salud pública, “dado que ninguno de los productos fitosanitarios adquiridos y empleados en su actividad tienen catalogación como prohibidos”.

De igual manera, rechazan “de forma tajante un posible delito de prevaricación, dado que desde la empresa municipal nunca se han adquirido productos de este tipo a la empresa relacionada con miembros del Consejo de Administración de Agrimusa. En ese sentido, queremos recordar que esta empresa pública es un ejemplo de trasparencia, cuyas cuentas son sometidas a auditorias anuales para verificar el rigor en su modelo de gestión”, dicen.

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